La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) aprobada por Colombia, ha reconocido que la eliminación de la discriminación contra las mujeres en la vida pública y privada, implica la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la igualdad de acceso a las funciones públicas y a participar en los asuntos públicos y toma de decisiones. En la actualidad, en Colombia, la representación de gobernadoras, en el total de departamentos, es igual a 6,25%; mientras que la participación de alcaldesas, en el total de municipios, es del 12,01% (RNEC & Onu-mujeres, 2019).

Esta situación expresa la “subrepresentación de mujeres en las esferas del poder público y en los cargos de elección popular” (Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012, pág. 22), sin embargo, además de describir la brecha de género en la participación política de Colombia, también visualiza problemas relacionados con: la baja inclusión de las mujeres en cargos de elección popular, cargos por designación – tanto en entidades públicas, como privadas, como por ejemplo, Gobernación, Alcaldías, entidades regionales, instituciones académicas, entes de control, entre otras instituciones relevantes de la región –

Asimismo, pueden existir temas de estudio que busquen explorar la relación entre la baja participación política de la mujer y alto riesgo para la democracia de la región, así como su relación con el bajo proceso de empoderamiento político de las mujeres. Por este motivo, el análisis de la participación de las mujeres en la política, deberá analizar las causas relacionadas con factores personales (económicos, sociales y políticos), pero también los estereotipos de género, las reglas del sistema electoral, hasta el funcionamiento de los partidos políticos.