A pesar de que el artículo 2 de la Declaración Universal de Derecho Humanos reconoce que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, y que la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Políticos de las Naciones Unidas, explica que “los Estados Partes deben garantizar que la orientación sexual de una persona no es un obstáculo para la realización de los derechos reconocidos en el Pacto (…) Además, la identidad de género se reconoce como uno de los motivos prohibidos de discriminación; por ejemplo, las personas que son transgénero, transexuales o intersexuales a menudo enfrentan graves violaciones de los Derechos Humanos, como el acoso en las escuelas o en el lugar de trabajo” (CESCR, 2009).

Las personas diversas por orientaciones sexuales e identidades de género “han sido históricamente discriminadas por su orientación sexual, identidad, expresión de género y diversidad corporal; aún continúan siendo víctimas de discriminación, violencia y otros abusos, en una clara vulneración a sus derechos humanos protegidos en los instrumentos internacionales e interamericanos” (Consejería DDHH, 2017). Luego, es importante analizar los procesos de discriminación, segregación y brechas en el ámbito de las orientaciones sexuales y las identidades de género diversas, relacionados con: educación, autonomía económica, derechos sexuales y reproductivos y participación política y liderazgo.